La ministra de Vivienda, Carme Chacón, en una comparecencia en el Senado
El Gobierno ha dado luz verde a las nuevas ayudas económicas para que los jóvenes puedan alquilar un piso y salir de casa de sus padres. España es uno de los países donde los chavales tardan más en buscarse la vida por su cuenta y la nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, considera este problema como el más importante que afecta a su departamento. Todos los ciudadanos con una edad comprendida entre los 22 y 30 años optarán a una subvención directa de 210 euros al mes para pagar el alquiler, siempre que sus ingresos brutos (antes de impuestos) no superen los 22.000 euros anuales.
El periodo máximo durante el cual se podrán cobrar estas ayudas es de cuatro años. El Estado asumirá el coste financiero del aval -los intereses que cobra el banco o caja de ahorros- y un préstamo de 600 euros para la fianza que casi siempre solicita el propietario del piso. La renta de emancipación es compatible con las deducciones en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) por vivir alquilado, así como con otras ayudas o beneficios fiscales que determinen las comunidades autónomas.
Y es que los Gobiernos regionales tienen mucho que decir al respecto, porque -junto con los ayuntamientos- son los que tienen la mayoría -por no decir todas- de las competencias en materia de vivienda y suelo. El Tribunal Constitucional dejó claro en 1997 el papel que representa la Administración Central: se debe limitar a dar ayudas a las autonomías a través del Plan de Vivienda para que éstas promuevan casas protegidas. Para efectuar políticas de Estado el Gobierno de turno debe firmar convenios de colaboración con los territorios.
Chacón se reunió el pasado 22 de octubre con representantes autonómicos para establecer el método de pago de las ayudas a la emancipación. Los ciudadanos que quieran recibir la subvención -y que cumplan con los requisitos anteriormente indicados- deberán dirigirse a su Administración autonómica. Ésta dispondrá de un plazo máximo de dos meses para resolver las peticiones.
El Ministerio de Vivienda creará un programa informático para que las regiones puedan comprobar en las bases de datos de la Seguridad Social y de Hacienda la veracidad de la información que presente el solicitante. Cada año, los técnicos autonómicos revisarán los datos para evitar el fraude. Es decir, el menor de 30 años perderá la "paga" pública si logra un ascenso en su puesto de trabajo y sus ingresos superan los 22.000 euros brutos anuales.
El Gobierno baraja la posibilidad de que los solicitantes puedan también pedir la subvención en la página web del departamento que dirige Chacón. Los documentos a presentar serán los siguientes:
- Contrato de alquiler
- Referencia catastral del inmueble (se puede pedir en la página web del Catastro)
- Número de afiliación a la Seguridad Social del demandante
Si hay más de un inquilino, se reparte la ayuda
Aquellos inquilinos que vivan en pisos compartidos deberán "repartirse" la ayuda. No podrán obtenerla todos los ocupantes de la vivienda, sino que se prorrateará entre ellos. Los ciudadanos extranjeros no comunitarios que puedan justificar la residencia en España durante cuatro años podrán optar a las subvenciones. Los propietarios de alguna vivienda no recibirán la ayuda, ni los que vivan alquilados en casas de familiares.
El Gobierno ha aclarado que su plan ha sido elaborado con el consenso de los Ministerios de Vivienda y Economía. Durante el primer año calculan que 361.000 jóvenes se beneficiarán de un plan con un coste de 436,5 millones de euros.
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