Menos impuestos, menos servicios sociales

La propuesta del PP que exime del pago del Impuesto sobre la Renta (IRPF) a todos aquellos trabajadores y pensionistas que ganen menos de 16.000 euros al año es "inasumible" para las arcas del Estado y reducirá los servicios sociales, si finalmente se lleva a cabo.

Así de contundente se expresó hoy el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, durante su intervención en unas jornadas celebradas en Madrid por la Asociación del Progreso de la Dirección (APD).

A juicio de Ocaña, el coste económico de la promesa popular alcanzaría la astronómica cifra de 25.000 millones de euros, es decir, la mitad del presupuesto total que tiene el conjunto de los ministerios en un año. Esta visión contrasta con la del secretario general del PP, Ángel Acebes, para quien la rebaja fiscal no tendrá repercusión en los ingresos del Estado.



La reducción de fondos no se limitaría a la Administración Central, ya que el IRPF es un impuesto que gestionan, en parte, las comunidades autónomas. Tres de cada diez euros que se recaudan con este impuesto van a parar a las huchas regionales. Con este dinero se pagan servicios sociales básicos como la salud o la sanidad.

La nueva financiación autonómica se retrasa

La propuesta del PP se produce en medio del debate para modificar el sistema de financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Gobierno prometió llevar a cabo la reforma en la presente legislatura, pero finalmente se ha quedado en el limbo legislativo.

Los gobiernos regionales y municipales reclaman un nuevo sistema de obtención de fondos -mediante nuevas transferencias de impuestos- para que el suelo no sea la principal fuente de financiación. En la actualidad, alrededor del 40% de los ingresos de los consistorios dependen de la transformación de los terrenos para la venta de al sector inmobiliario, según el Observatorio de la Vivienda.