El consumo de cigarrillos rubios ha subido un 15,8% en España, por lo menos los de la compañía Altadis (entre los que destacan Fortuna, Nobel y Ducados). Da igual que el Gobierno suba los impuestos, que Sanidad promueva una ley para limitar el consumo en bares y restaurantes, o que se prohiba fumar en los centros de trabajo. El vicio es el vicio.
Llegados a este punto habría que preguntarse hasta que punto el Gobierno quiere que la gente no fume: la recaudación fiscal por venta de tabaco en España ha superado los 5.000 millones de euros entre enero y septiembre. De cada cajetilla de 20 unidades, 16 van a las arcas del Estado.
El coste estimado para la atención de enfermedades derivadas del tabaco ronda los 3.000 millones de euros anuales, según un informe de la Universidad Pompeu Fabra. Por lo tanto, al ministro de Sanidad, Bernat Soria, le sobran 2.000 millones de euros. Eso sí, se los tendrá que pedir a Solbes, que es el que reparte el dinero.
Hacienda se equivoca
Hacienda consideraba el pasado año que las nuevas medidas anti-cigarrillos lograrían que el consumo bajara un 4%. Obviamente, los técnicos del departamento ministerial que dirige Pedro Solbes han fallado en su predicción.
La ofensiva comunitaria -que se recrucedió a partir de 2004-para reducir el volumen de fumadores tiene una importante barrera en España. No obstante, puede llegar un momento en el que los precios sean prohibitivos para la mayoría de los mortales por nuevas subidas impuestos.
Todavía le queda recorrido al mercado español para elevar la carga fiscal, pero es mejor no darle ideas al inquilino del Ministerio de Sanidad y Consumo, no sea que las utilice.
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