De este agua no beberé

Aquí no puede pasar. En España nunca se perderían los datos de millones de contribuyentes que tiene archivados Hacienda. José María Mollinedo, vicepresidente de GESTHA -asociación que representa a los técnicos de Hacienda-, lo afirma rotundamente a través de su gabinete de comunicación. Probablemente en Inglaterra también fuera imposible que pasara..., hasta que pasó.

Según Mollinedo, en la Agencia Tributaria no se hacen envíos físicos de información. Todo es por la red. Los únicos datos en soporte tangible (CD, disquete, papel...) son las copias de seguridad, que dice que no se traspasan. Como medidas extras de prevención, los ordenadores no pueden copiar la información que contienen y todos los datos que se envían están encriptados, de forma que sólo los pueda abrir quien tiene las claves necesarias.

El Reglamento de Medidas de Seguridad establece que los ficheros y bases de datos financieras están sujetas a un "nivel de seguridad medio". Fuentes de la Agencia de Protección de Datos han explicado que esto supone que cuando se envía información de este tipo debe quedar registrado de dónde sale el soporte, el tipo de soporte, la fecha y hora, el destinatario, número de soportes, forma de envío, tipo de información y persona que lo lleva. En fin, todo lo necesario para saber "a quién reclamar".

Porque, por muchas precauciones, "seguro no vas a poder estar al 100%", explica la portavoz del gabinete de comunicación de GESTHA. Suponiendo que los datos se perdieran, Mollinedo ha confirmado que con los datos personales y fiscales no es difícil pedir un crédito en nombre de otra persona. Recomienda que cada uno vigile su cuenta en busca de movimientos sospechosos.

Si ves algo raro en tus cuentas, denuncialo ante la Agencia de Protección de Datos, explican desde el gabinete de comunicación de GESTHA. Ellos inciarán las investigaciones y si una entidad privada ha aceptado como buenos unos datos falseados (incumple el principio de la calidad del dato) o ha violado la privacidad de ciertos datos (porque no los hayan destruido correctamente o incluso porque los hayan vendido), se le puede poner una multa. Desde 600 a 600.000 euros. Si la culpa es de la Administración Pública -caso de Inglaterra-, se comunica al Defensor del Pueblo, se toman las medidas correctoras oportunas y la Agencia puede proponer sanciones disciplinarias, pero sin carácter vinculante.

El usuario, si además de cubrirse las espaldas quiere una indemnización, necesita presentar una denuncia ante la policía y una demanda judicial, de acuerdo a las explicaciones de GESTHA.