La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elena Espinosa,quiere aprobar la nueva ley rural antes del próximo mes de marzo/Efe
Pueblos abandonados, terrenos agrícolas que no producen lo esperado, envejecimiento de la población rural, baja tasa de natalidad fuera de las ciudades... España se enfrenta al reto de detener el éxodo del campo a la urbe y, para ello, el Gobierno destinará 25.000 millones de euros durante los próximos seis años.
Esta cantidad equivale al tamaño de la economía de los mayores países del Este de Europa -como Bulgaria- y supera la de Estados como Uruguay, o Camerún. La herramienta es la nueva Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que actualmente se encuentra en el Senado. El Gobierno espera aprobarla antes de que concluya la legislatura -en marzo del año que viene-.
La razón que explica este gran volumen de inversión se encuentra en la progresiva reducción de los fondos comunitarios y en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). El campo es el gran perjudicado de esta retirada de dinero europeo y la Administración nacional debe coger el testigo. El medio rural integra al 20% de la población española y ocupa el 90% del territorio.
Los programas incluidos en la nueva norma contemplan actuaciones en urbanismo y vivienda, protección del empleo, eficiencia en el uso del agua, fomento de las nuevas tecnologías y mejora de la educación, infraestructuras, servicios públicos y energías renovables. Todos los proyectos prestan especial atención a mujeres y jóvenes, que son el colectivo del que depende el futuro de los pueblos en España.
Para que las políticas diseñadas se puedan llevar a cabo es "imprescindible la colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos", como señala el Consejo Económico y Social en su informe sobre la ley. La mayoría de las actuaciones afectan a materias que no son competencia del Estado, para lo cual será necesario la firma de convenios de colaboración.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay más de 2.600 pueblos abandonados. Pero existen otros muchos en riesgo de desaparecer, donde pensiones y prejubilaciones son la principal fuente de ingresos.
Valentín Cabrero, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca -y autor de un amplio estudio sobre la despoblación- se declara pesimista. Asegura que "la situación en algunas aldeas es tan grave que, aunque ahora se tomaran medidas urgentes, no se empezaría a remontar un poco hasta 2015".
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