Todos los días vemos por la tele cómo los políticos se desacreditan unos a otros. Determinada clase de periodistas profiere insultos y pone motes a todo tipo de personajes públicos. En algunos programas televisivos se despelleja a protagonistas y bufones de la farándula. Es el país del “todo vale”, siempre bajo la protección de un paraguas llamado libertad de expresión. ¿Pero de verdad se puede hacer y decir de todo sobre otras personas? Dejémoslo en casi todo. Existe una institución y unas personas que, de momento, deberían ser intocables: la Casa Real. O tal vez no.
En el día de hoy asistimos al juicio en la Audiencia Nacional de un cantante de rock que llamó “parásitos” a los Reyes de España y al Príncipe de Asturias durante un concierto que se celebró el 19 de marzo de 2005 en Fuerteventura. El fiscal Luis Barroso solicita para Moisés Rivas Leyva, componente de la banda “Poetas en la calle” dos multas que ascienden a 4.320 euros por delitos de injurias al Rey, a la Reina y al príncipe heredero de la Corona.
Según el escrito de la acusación del Ministerio Público, el rockero, en un momento de la actuación, se dirigió al público y calificó a la Familia Real de “institución sin valor y decorativa”, aparte de añadir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eran “dictadores y torturadores que coaccionaban indiscriminadamente la libertad de las personas”. En el escrito del fiscal Barroso se dice que la gravedad de las declaraciones del cantante radica en “la propia literalidad de las mismas y el lugar donde se vertieron, aprovechando su intervención en un concierto de música rock y ante numerosos asistentes".
A Juan Carlos Carbonell, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, le parece que “no se debería proteger tanto a las instituciones”. Refiriéndose al caso del cantante de Poetas de la Calle, comenta: “Creo que son excesivas las interpretaciones que desde las fiscalías se le están dando a este tipo de manifestaciones”. Sobre el debate que se ha abierto en cuanto a si se habría de eliminar de la Constitución el artículo 56 sección III que habla de la inviolabilidad del Rey, el profesor apunta que “se debería quedar sólo en acciones que fueran en contra de la jefatura del Estado como tal y no contra la Corona. Abogar por que la monarquía sea sustituida por la república es totalmente legítimo”.
Este juicio aviva de nuevo el debate acerca de la sobreprotección que últimamente se está haciendo patente en torno a la Corona. En los últimos meses, de este verano para acá, hemos visto varias actuaciones que manifiestan cómo hay sectores de la opinión pública que no valoran positivamente la monarquía.
Primero fue la célebre portada del semanario satírico El Jueves, que fue “secuestrada” por considerar que contenía texto e imágenes injuriosas contra la Corona. Después vinieron las palabras de Iñaki Anasagasti en su blog y ante las cámaras de televisión, acusando a la Familia Real de “pandilla de vagos” y recordando que el Rey “había sido elegido por Franco”. Y en el mes de septiembre, los actos en diversos lugares de Cataluña en los que se quemaron fotos de don Juan Carlos. Manifestaciones antimonárquicas en las que algunos jóvenes fueron detenidos, aunque luego se les puso en libertad con cargos. Y de fondo, Jiménez Losantos pidiendo la abdicación del Rey en favor de su hijo.
La existencia de la monarquía como forma de gobierno está en el centro del actual debate y parece que irá a más. Y, como consecuencia de ello, también está en cuestión si se puede hablar de la Corona como a uno le venga en gana, igual que existe la libertad de expresión para comentar la actitud de los políticos. Puede que el juancarlismo esté pasando por una de sus peores fases desde la transición y esto lleve a los Borbones a perder su inmunidad mediática.
¿Intocables o no intocables? Ésa es la cuestión.
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