Cuando la caja tonta acelera la Justicia

Setenta y cinco es el número de inmigrantes e indigentes que han sido asesinados por culpa del odio xenófobo, racial o neonazi desde el año 1991; En España hay setenta grupos neonazis, racistas, ultras, xenófobos neofascistas y antisemitas; Se han formado cincuenta bandas de música racista; Cuarenta es el porcentaje de inmigrantes que han sufrido algún tipo de agresión física o verbal desde que llegaron a España, y veinte, las organizaciones políticas de extrema derecha que invitan a movilizarse contra los inmigrantes.

Pero tuvimos que ver para creer. Las cifras de la violencia racista en España, extraídas del último informe de Movimiento Contra la Intolerancia, hablan de una realidad latente desde hace años en nuestro país pero sólo ha hecho falta una cámara de vigilancia, que nos convirtió en testigos de la agresión a una niña ecuatoriana, para que el asunto aseste una bofetada a la sociedad y la Justicia reaccione.



El propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo ha señalado que el agresor, Sergi Xavier Martín, de 21 años podría enfrentarse a una condena de más de dos años de cárcel y hoy en CGPJ ha decidido investigar al juez que interrogó al agresor sin que la Fiscalía estuviera presente. Mientras todo esto se decide, Sergi expía sus pecados tomándose unas cañas.

Las autoridades han reaccionado esta vez, es verdad, pero no queda claro es qué pasará después en un país que de vez en cuando legisla a base de golpes mediáticos. Algo así pasó cuando el futbolista camerunés Samuel Eto'o fue víctima de insultos que aludían a su color de piel. La Federación Española de Fútbol tomó nota de los sucedido y puso en marcha un Protocolo contra el Racismo en el Fútbol, que aplica sanciones disciplinarias en el caso de que se produzcan manifestaciones xenófobas de cualquier tipo en el campo.

Los movimientos sociales van por delante de las leyes

Insultar, agredir, o incitar a la violencia racista ya son delitos penados en toda la Unión Europea, pero ha habido que esperar hasta abril de este año para que esto se convierta en una obligación comunitaria. El organismo ha acordado que se establezcan penas de entre uno y tres años de cárcel cuando se produzcan incitaciones claras al racismo y la xenofobia, "aunque con garantías para aquellos donde la libertad de expresión permite esas manifestaciones".

Nadie duda que la ley española vela por los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin embargo, de vez en cuando se producen cortocircuitos en la Justicia que dan lugar a situaciones aberrantes. Es el caso de Miwa Buene, un congoleño que quedó tetrapléjico después de recibir una paliza por el color de su piel. La persona que le dejó así disfruta hoy, ocho meses después de cometer la agresión, de libertad con cargos. Miwa estará en prisión, la que su propio cuerpo le impone, para el resto de su vida.

El anterior Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se comprometió a trabajar en esto delante de un colectivo formado por diez asociaciones de gitanos cansados de lidiar día a día con unos prejuicios enquistados en la sociedad. Han pasado dos años desde esta promesa y en el Ministerio se sorprenden de la pregunta: "¿Qué si existe una fiscalía especial contra delitos racistas? Eso tendrás que preguntarlo en la Fiscalía General del Estado". Lo hago: No existe ninguna Fiscalía específica que se ocupe de la violencia fundamentada en el origen o el color de piel, como existe una, muy oportuna, para atender a las víctimas de la violencia doméstica.

El Movimiento Contra la Intolerancia lo volverá a decir mañana en una rueda de prensa en la que se hablará del caso de Miwa Buene, entre otros: "Los accidentes y agresiones por odio racista y xenófobo son frecuentes y las Fiscalías y Jueces no intervienen a fondo frente a estos delitos de odio". Piden una órgano y medidas específicas al Gobierno y al Parlamento para frenar estos delitos.

Amnistía Internacional los secunda y exigen que se elabore de forma inmediata un Plan Integral de lucha contra el racismo que incluya medidas de todo tipo para erradicar la impunidad en estos casos.

La Justicia y el Estado tienen la pelota en su campo. Hasta entonces, ¿cuántos Miwas tendrá que haber para que el Estado cree los instrumentos necesarios para proteger a las víctimas de agresiones racistas? Quizá habrá que esperar a que la televisión vuelva a mostrarnos cómo patean la cara a una niña para que la administración reaccione.