5 años de prisión para la violencia neonazi

En pleno debate sobre la violencia neonazi, motivado por el asesinato de un menor en el metro de Madrid, la Audiencia de Zaragoza ha condenado a casi cinco años de prisión a dos jóvenes con estética skinhead por una agresión contra tres inmigrantes de raza negra. Mientras, las autoridades de Madrid siguen preparando medidas de urgencia para contener los posibles brotes de violencia que pueden asolar la ciudad durante el fin de semana, debido al choque entre marchas ultras de diferente signo.

El Ministerio del Interior ha reforzado la presencia de antidisturbios en Madrid

Los hechos a los que se refiere la sentencia emitida hoy en Zaragoza, a la que ha tenido acceso Efe, se remontan a marzo del año pasado. Los dos condenados, junto a otro menor que se encuentra a espera de juicio, salieron de un bar de la capital aragonesa, donde ya mostraron una actitud muy agresiva. Después, abordaron en plena calle a dos inmigrantes subsaharianos, a quienes agredieron en la cara y amenazaron de muerte con un cuchillo de grandes dimensiones. Los dos inmigrantes, antes de huir, también recibieron insultos como "negros de mierda, iros a vuestra tierra".

Dos horas más tarde, los acusados se acercaron a un ciudadano portugués, también de raza negra, y le sacaron un cuchillo. Le golpearon con el mango hasta causarle lesiones por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y por las que tuvo que permanecer hospitalizado durante siete días. Finalmente, el juez ha condenado a cada uno de los jóvenes a cuatro años y diez meses de prisión por los delitos de agresiones (con los agravantes de racismo y abuso de superioridad), amenazas y lesiones.

Manifestaciones en Madrid

El ambiente en Madrid es muy tenso de cara al fin de semana que se avecina. La celebración de marchas de ultraizquierda y ultraderecha obligan a extremar las precauciones. Por esta razón, el Ministerio del Interior ha reforzado las unidades de antidisturbios en la ciudad. El dispositivo de seguridad privada de Metro también extremará la vigilancia y estará en alerta para evitar posibles altercados. Por su parte, la Coordinadora Antifascista de Madrid ha anunciado hoy que pretende saltarse la prohibición de manifestarse el próximo día 24 de noviembre bajo el lema "Madrid antifascista, anticapitalista y antirracista". Además, ha presentado un recurso contra esta prohibición de la Delegación del Gobierno de Madrid ante el tribunal Superior de Justicia.

Democracia Nacional va de víctima

Definitivamente ha sido un día para Democracia Nacional (DN). Tan agitado que la directiva del partido ha decidido emprender acciones legales contra el presidente del Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Esteban Ibarra. Le acusan de realizar "declaraciones injuriosas" contra la formación política que convocó ayer una manifestación de rechazo a los inmigrantes, y que se saldó con la muerte de un joven antifascista.

Ibarra ha condenado lo sucedido y ha pedido que se prohiban las dos manifestaciones -una de ellas para conmemorar la muerte de Franco- convocadas por partidos de extrema derecha para el próximo fin de semana. Pero lo que de verdad ha molestado a Democracia Nacional son las acusaciones de la ONG, que vinculan el asesinato del menor madrileño con la manifestación.

El próximo domingo tendrá lugar una manifestación parecida a la de ayer

Su cabreo es notable. Tanto es así que, en un comunicado publicado en su página, aseguran que las afirmaciones del activista contra la intolerancia son "delirantes y propias de un enfermo mental". Para el partido que se autodenomina "nacionalista español", no hubo enfrentamiento alguno durante la marcha. Al contrario, de acuerdo con su versión , los vecinos "manifestaban su apoyo desde balcones y ventanas con aplausos y vivas". La directiva de DN defiende a capa y espada que los únicos incidentes se produjeron entre "los violentos manifestantes de la ultraizquierda, es decir del mismo sector ideológico de Esteban Ibarra, y la policía nacional que se ha visto agredida y totalmente desbordada".

El punto de vista del Movimiento Contra la Intolerancia es radicalmente distinto. Según Ibarra los enfrentamientos comenzaron cuando los manifestantes insultaron tanto a vecinos de Usera como a inmigrantes, y culminaron "con la reyerta del metro de Legazpi".

Racismo autorizado

El Movimiento Contra la Intolerancia critica que las autoridades permitan "manifestaciones que son descaradamentexenófobas". Una reclamación que ya cuenta con respuesta institucional, la del propio ministro del Interior: "la ley es la ley". Se puede decir más alto pero no más claro. Alfredo Pérez Rubalcaba defiende el derecho de todo ciudadano a manifestarse, aunque "a uno le pueden gustar unas manifestaciones más que otras". Ante todo, el titular de Interior recuerda que Democracia Nacional es "un partido legal" y que la manifestación está autorizada.

La purga rumana y las cifras de plastilina

Los políticos italianos han adoptado la retórica más extrema como reacción al asesinato de una mujer italiana a manos, supuestamente, de un gitano rumano. Da igual la orientación política. El alcalde de Roma, de centro izquierda, afirma que la capital italiana era la ciudad más segura del mundo hasta el ingreso de Rumania en la Unión Europea. Gianfranco Fini, líder de la ultraconservadora Alianza Nacional, ha hecho un llamamiento por la "repatriación de Italia" y el cierre de las fronteras. Además, sostiene que los gitanos no ven el robo como algo inmoral.

Walter Veltroni, alcalde de Roma

Estas reacciones se han traducido en un endurecimiento legislativo y en una ola de xenofobia:

Endurecimiento legal: Romano Prodi ha redactado un decreto que permite la expulsión de ciudadanos comunitarios que sean considerados "peligrosos" y que supongan una amenaza para "la seguridad pública".

Violencia xenófoba: Ya son varios los rumanos que han sido golpeados y acuchillados en Italia. Una bomba de fabricación casera estalló ante la tienda de una mujer rumana. Y una niña rumana de 10 años fue agredida por sus compañeros de escuela, según informa Telecinco.

Italia culpa a los rumanos de la inseguridad ciudadana y de un mayor número de crímenes. Sin embargo, los datos contradicen estas posiciones. Según Enric González, corresponsal de El País en Italia: "El 36% de los presos son extranjeros. Apenas un 10% de ellos son acusados de delitos violentos: la población reclusa se hincha por cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal. Las estadísticas indican que los italianos siguen delinquiendo más".

Además, existen otros datos que delatan una manipulación interesada de las estadísticas. Retomemos las declaraciones de Walter Veltroni. El alcalde decía que Roma era la ciudad más segura antes de la llegada masiva de rumanos. Pues bien, según el informe "Crimen y seguridad en las capitales europeas", realizado por Gallup en 2005, Roma era la capital europea más segura por detrás de -ni más ni menos- otras ocho capitales: Bruselas, Budapest, Madrid, Belfast, Luxemburgo, Edimburgo, Helsinki y Lisboa.

El caso español

De esto hay mucha experiencia en España. Ya en el año 2002 la relación entre delincuencia e inmigración adquirió gran protagonismo político. Los líderes de los grandes partidos se arrojaron cifras a la cabeza como arma electoral (sin ningún sentido crítico por parte de los medios de comunicación). Los académicos tuvieron que pararles los pies: un incremento de la inmigración no es sinónimo de un aumento de la delincuencia. Y es que los números habían sido manipulados: se borraron las distinciones entre falta y delito, entre otras irregularidades.

Lo realmente grave es que España no ha aprendido de la experiencia. Hace diez días, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, mostraba su preocupación ante "la incidencia cada vez más acusada que en el fenómeno delictivo tiene la inmigración". Para ello se amparaba en los datos: la población extranjera presa en España creció el pasado año un 9,4% frente al 2,2% de la española. Y apostillaba: "Es la realidad objetiva que muestran los datos".

Pues bien, esos datos ofrecen una lectura contraria. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de extranjeros empadronados durante el año pasado creció en un 8,17% (llegaron 338.000 inmigrantes). Mientras, el número de españoles empadronados experimentó un aumento neto del 0,17% (70.000 ciudadanos). Así pues, con los números en la mano, el incremento de la población reclusa española fue mayor, en términos reales, que la de inmigrantes. Y es que el aumento de la población reclusa extranjera fue sencillamente el reflejo del aumento de población extranjera en el país. Así pues, desde el punto de vista científico podríamos lanzar al aire la alarma porque los españoles somos cada vez más delincuentes. Y quedarnos tan anchos.

Conviértete en el juez de la agresión racista

El ministro Bermejo ha allanado el camino a la judicatura hasta límites desconocidos. Nosotros lo hacemos aún más y te damos la posibilidad de convertirte en el juez instructor de la agresión racista del tren de Barcelona. Para ello debes responder a las siguientes preguntas y determinar si hubieras dejado en libertad o decretado prisión provisional para el acusado.

Hace unos días se dieron a conocer unas imágenes en las que Sergi Martín agredía a una menor ecuatoriana en un tren de los ferrocarriles de Cataluña. El juez ha decretado la libertad provisional del acusado hasta la celebración del juicio oral al descartar la posibilidad de fuga y al considerar que la víctima ha recibido las suficientes garantías de protección (éstas son las condiciones que recoge el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decretar prisión provisional, además de la posible destrucción y ocultación de pruebas, que no existe en este caso).

Imagen de la cárcel Modelo de Barcelona

RIESGO DE FUGA. La acusación en el caso de Sergi Martín observa la existencia de este riesgo en tres factores: la gravedad de la pena a la que el agresor tendría que hacer frente (hasta dos años de cárcel), la gran presión mediática y la falta de arraigo del imputado (por la falta de trabajo y la desaprobación de sus propios familiares tras los hechos).

El juez instructor ha decretado la libertad provisional del imputado al afirmar que no se dan los factores anteriores. Opina que la pena no es suficientemente grave y que, de hecho, el artículo 33 del Código Penal la califica como pena "menos grave". Por su parte, según el juez, la desaprobación familiar delata que su entorno sabe valorar y apreciar la convivencia, mientras que la situación de paro dificulta la huida. La posible influencia de la presión mediática no ha sido suficientemente acreditada por la acusación, según el auto que ha dictado el magistrado.

Ahora bien, ¿Crees que existe un evidente riesgo de fuga en función de los argumentos anteriores?

RIESGO DE REITERACIÓN DE ATAQUE A LA VÍCTIMA. El juez considera que la agresión se trata de "un hecho puntual", pues no existe una serie de agresiones continuadas en el tiempo. Por tanto, el magistrado ha optado por la adopción de otras medidas que considera suficientes para proteger a la víctima:

- La prohibición de acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros.
- Cualquier tipo de contacto o comunicación personal con la denunciante.
- Prohibición de salir sin autorización de la Colonia Güell, de Santa Coloma de Cervelló y de Sant Boi.
- Prohibición del uso de los trenes de la línea S-8 de los Ferrocarriles de la Generalitat por la posible utilización de tal línea por la víctima.

¿Crees que estas medidas son suficientes para garantizar la seguridad de la menor ecuatoriana?

Si tus respuestas a estas preguntas descartan el riesgo de fuga y la existencia un peligro real para la víctima, tu resolución hubiera sido similar a la del juez de instrucción. En caso contrario, tu interpetación jurídica hubiera llevado a Sergi Martín entre rejas.

Los expertos consultados reflejan la discrepancia social existente en torno a este asunto. Algunos penalistas apoyan al juez de instrucción de Sant Boi, mientras que otros no ocultan su enfado: "La Justicia no puede transmitir sensación de impunidad". Un afamado penalista, que prefiere el anonimato, asegura que Sergi debería haber pasado algún tiempo en prisión, pues los jueces "siempre envían a la cárcel a quien les da la gana y nadie discute sus decisiones".